Vigente el Pacto de Impunidad de Núñez y secuaces





Ismael García Ruiz

La corrupción en el gobierno trágico del gris ex gobernador Arturo Núñez Jiménez fue caótico, quebró al Estado con la mano en la cintura, hoy sabemos qué todo lo tenía medido y bien planeado, porque sabía que un cañonazo de dinero no lo aguanta ni el más pulcro ni honesto, porque a más de seis meses de su desgobierno no hay una denuncia seria por el llamado Robo del Siglo, perpetuado por él y seguido muy de cerca por su intocable esposa, Martha Lilia, la llamada gobernadora.

La corrupción fue cuantiosa, y en tiempo y forma los medios críticos dimos cuenta del saqueo inmisericorde de la pareja infernal que gobernó Tabasco, hoy tristemente y para pena y vergüenza de los que gobiernan sigue saliendo la pus un día sí y otro también.

El gobierno de Arturo Núñez gastó 11.7 millones de pesos para pagar la nómina de empleados del sector salud que no fueron localizados en su centro de trabajo y de los que además no hay constancia de que existan, según reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018.

También se evidenciaron casi 11 millones de pesos por no mostrar los contratos que amparan algunos pagos, aunque no se detallaron de qué tipo.

En el informe se advirtió que Tabasco registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos y servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de más de 216 mil 774 pesos, que representa el 9.2 % solo de la muestra auditada. Se imaginan ustedes si se hubiera revisado el 30 % como mínimo, sin duda alguna hubiera salido más podredumbre.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Llergo Latournerie, informó que en la primera etapa de la auditoría que se realizó al programa “Corazón Amigo”, del ejercicio 2018, el 80 por ciento de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos para recibir un apoyo social.

Llergo Latournerie explicó que la muestra tomada por la Secretaría de la Función Pública, fue de 1, 100 personas adheridas al programa elevado a rango de Ley por el ex gobernador, Arturo Núñez, hay que recordar que el monto que se dejó de pagar por los tres meses del último año de ejercicio de la administración pasada, fue de 30 millones de pesos.

Autorizaron altas al programa que no cumplían técnicamente con los requi- sitos que el propio comité había establecido, “estamos hablando que de esa muestra, el 80 % arroja el resultado de la auditoría, que no cumplieron técnicamente con el nivel de discapacidad para poder ser acreedores a ese beneficio”, denunció en forma valiente el secretario de Bienestar.

Pero la corrupción en Tabasco, en el gobierno del nuñismo fue infinita, pues el multi cuestionado y falto de credibilidad Órgano Superior de Fiscaliza- ción del Estado (OSFE) le detectó al también gris ex secretario de SEDAFOP, Pedro Jiménez León un faltante de poco más de 15 MDP.

Fue  en  el  procedimiento   de   responsabilidades resarcitorias, número HCE/OSF/DAJ/ PFRR/091/2019-SEDAFOP-PE, del OSFE en donde por medio del Periódico Oficial, informa que “no ha sido posible la localización en su domicilio a Pedro Jiménez León, quien ostentó el cargo de titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), del Ejercicio Fiscal 2014, en el gobierno que encabezó Arturo Núñez Jiménez.

Fue el proyecto de la Piscifactoría José Narciso Rovirosa, ubicada en el ejido José Narciso Rovirosa km. 8 del municipio de Teapa, Tabasco -se detalla en el documento-, que se advierte la presunta responsabilidad de Pedro Jiménez León, “al apreciar- se su nombre y firma en el plano de este proyecto, el Órgano Técnico advirtió que de las 149 hectáreas de las que forma parte la piscifactoría, 100 fueron tomadas por un tercero para su uso personal, las cuales se encuentran cercadas y con ganado tipo bovino, con lo que se estima un daño al erario de 4 millones 500 mil pesos”.

El también Jiménez León debe comparecer por el usufructo irregular de la finca Los Pinos, donde la observación es de 7 millones 083 mil 600 pesos y también en la Finca Las Lilias, en donde hay observaciones por Un millón 620 mil pesos. Desafortunadamente en política, robarse miles o millones de pesos, es parte del negocio, pues llegar a ocupar un puesto público es como sacarse la lotería y en Tabasco esto es muy común. Pese a existir la enorme corrupción, que ha sido de- mostrada más de un centenar de veces, nos enteramos que la demanda que hay en contra del ex secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis, “por falsear información, está en “cero, porque la Fiscalía General del Estado nunca corrió la notificación”, acusó su promovente el diputado independiente, José Manuel Sepúlveda.

El polémico legislador, aseguró que la querella continúa detenida, “debido a que el acta de defunción del ex funcionario nuñista no ha sido presentada”. Hágame usted el rechingado favor.

La Fiscalía General del Estado tiene que requerir el acta de defunción, el proceso está en cero, la Fiscalía tiene que correr incluso la notificación de que fue demandado, pero no lo hizo, “de alguna manera tendrán que resolverlo ellos o de lo contrario quedará abierta como muchas de las carpetas que están abiertas y no se hizo justicia”, acusó el valiente tribuno.

Para rematar, con el manto protector de la impunidad que desde el año pasado se vio por parte del gobierno de MO- RENA, el PRD acusó que hasta el momento las denuncias de corrupción contra el gobierno que encabezó Arturo Núñez Jiménez sólo han quedado en una guerra mediática, “no hay una investigación que compruebe las acusaciones”, afirmó el representante electoral, Javier López Cruz.

Así es Tabasco y no como lo pintan, por eso en todos los lados se escucha y se percibe que al corrupto Arturo Núñez, su esposa Martha Lilia y demás secuaces de su gobierno le van hacer lo que el viento a Juárez. ¡Viva el Pacto de la Ignominia!

Publicado en la Revista Suceso Político No. 628, de fecha 09 de julio de 2019


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